Con el aval de patronal y sindicatos, el Ejecutivo pone en marcha un proceso que pretende reforzar la economía nacional ante el reto demográfico. Según los informes técnicos que sustentan la norma, la integración plena de estos trabajadores es clave para el crecimiento del PIB y el mantenimiento de sectores estratégicos como la agricultura y la construcción. La normativa establece un plazo hasta el 30 de junio para solicitar una autorización inicial de un año, siempre que se acredite una permanencia mínima de cinco meses y carencia de antecedentes penales.